“Esta es la más cruda y brutal de todas las olas desmalvinizadoras que hemos sufrido”

Abogado oriundo de Mendoza, Carmona fue diputado provincial y nacional por el Partido Justicialista y Secretario de Medioambiente entre 2007 y 2011 bajo la gobernación de Celso Jaque. En el ámbito nacional, bajo su gestión como secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, se dejó sin efecto el acuerdo Foradori-Duncan y se retomaron los vínculos con los países de América Latina que históricamente han tenido un rol fundamental en la construcción de una mirada regional sobre la cuestión Malvinas.

En diálogo con Allá Ité, Carmona realiza un balance crítico de la política del gobierno de Javier Milei, al que caracteriza como profundamente desmalvinizador. Destaca, en particular, el retroceso que representa la ruptura de los lazos históricos que unen a la Argentina con los países de la región alrededor de la cuestión Malvinas, mientras se estrechan vínculos con Gran Bretaña en un marco de alianzas más amplio que tiene como eje a Estados Unidos.

El control de los recursos económicos del Atlántico Sur y la posición estratégica en relación a la Antártida son otras de las cuestiones que Carmona señala como nudo de la disputa, en el contexto de un escenario global pleno de conflictos. En ese sentido, llama especialmente la atención sobre las implicancias que este retroceso tiene para la política exterior argentina y la defensa de nuestra soberanía en Malvinas y el Atlántico Sur.

Allá Ité (AI): ¿Cómo caracteriza la política del actual gobierno respecto a la cuestión Malvinas? Además de un encuadre general, nos interesa conocer su mirada sobre el acuerdo Mondino-Lammy, y en qué medida se emparenta con el acuerdo Foradori-Duncan que el gobierno anterior dejó sin efecto.

Guillermo Carmona (GC): La política del actual gobierno es una política desmalvinizadora. Hablar de desmalvinización implica básicamente dos cosas. Los campos en los que se saca la cuestión Malvinas de escena son, por un lado, la política exterior que el gobierno despliega a través de la Cancillería. Esto significa que nuestras embajadas no sean difusoras de la cuestión Malvinas; que su presencia en la agenda multilateral de la Argentina desaparezca, por ejemplo, de Naciones Unidas. Se desmalviniza también, en ese sentido, la relación con los países que nos apoyan con el reclamo. La temática desaparece, entonces, de la agenda multilateral y de la bilateral.

Por otro lado, la desmalvinización opera sobre la relación con el Reino Unido y ese quizás es el aspecto más importante. Es decir, la cuestión Malvinas no es ni el tema principal ni el tema de mayor interés de la Argentina en su relación bilateral con el Reino Unido. Es un gobierno desmalvinizador en esencia.

Foto: Jorgelina García.

Hoy vivimos en un mundo de rupturas, en un mundo ya no de tensiones, sino de conflictos, muchos de ellos armados en distintos lugares del mundo. Esos procesos que se leían como de transiciones lentas, parecen acelerarse e implicar cambios abruptos. Es una situación de parteaguas en la política internacional. Y, en ese contexto, el actual gobierno argentino ha decidido el alineamiento con Estados Unidos y con Israel. Un alineamiento que además involucra a Gran Bretaña. Ha decidido degradar su compromiso con el multilateralismo, demostrando un desprecio explícito por los principios del derecho internacional. Esto lleva a que la política exterior de la Argentina de hoy sea seguidista respecto de Estados Unidos, de Israel y especialmente de Gran Bretaña, y hay una serie de pruebas de que esto es así.

Esa situación ha corrido en paralelo a la ruptura del gobierno de Milei con prácticamente todos los países que nos apoyan en el tema Malvinas. Ofendió a los países latinoamericanos, atacando a sus presidentes y a sus pueblos. Ha ofendido a la Unión Árabe, a partir de posiciones de alineamiento con Israel y de actos explícitos de desprecio hacia el mundo árabe. Hay una ignorancia absoluta respecto de la importancia de los lazos con África. Se ha afectado la relación con las dos potencias mundiales que dicen que las Malvinas son argentinas: China y Rusia. Es decir, ha roto vínculos muy importantes para nosotros por la cuestión Malvinas. Y esto además ha quedado evidenciado en las votaciones en Naciones Unidas, en cuya Asamblea General la Argentina ha acompañado las posiciones de Estados Unidos, sin importar si eso afectaba el interés nacional. Argentina lleva varias votaciones sobre Ucrania, sobre Medio Oriente, sobre temas de género, sobre temas ambientales, coincidiendo con una minoría que vota con Estados Unidos en temas en donde existe una gran mayoría en oposición, que además es la mayoría que nos apoya por Malvinas.

Entonces, la desmalvinización se da en un contexto de debilitamiento de la política exterior, de anulación de las capacidades diplomáticas de la Cancillería. El resultado, en definitiva, termina siendo el de un país que abandona la prioridad de Malvinas, que tiene una política exterior que no contempla como un interés fundamental a nuestra principal causa nacional que es la causa Malvinas.

En relación al acuerdo Mondino-Lammy, el mismo constituye una reedición del pacto Foradori-Duncan. Este pacto se hizo público el 13 de septiembre del 2016 y nuestra gestión lo dejó sin efecto y lo denunció con una comunicación oficial al Reino Unido el 2 de marzo del 2023. Es decir, la Argentina oficialmente dejó sin efecto eso que fue calificado por amplios sectores de la política nacional, de la sociedad y del mundo malvinero, como contrario a los intereses nacionales y funcional al interés británico.

Foto: Jorgelina García.

El pacto Mondino-Lammy tiene la misma matriz. En primer lugar, elude la cuestión de la soberanía utilizando el paraguas de soberanía. Entra en el juego de los británicos hablando de todo, menos de Malvinas. Los aspectos en los que se habla de Malvinas son aquellos que les interesan a los británicos, no los que le interesan a la Argentina. El primero tiene que ver con la acción conjunta de la Argentina y el Reino Unido para la conservación de las pesquerías en el Atlántico Sur. Esto significa que la Argentina consiente que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sea corresponsable de conservar los recursos pesqueros en el área que usurpa a la Argentina. Podríamos decir perfectamente que es meter el lobo en el gallinero: al depredador en el Atlántico Sur, a partir de la ilegítima presencia colonial en Malvinas y en el entorno marítimo. En síntesis, se le reconoce al Reino Unido el papel de encargado de conservar los recursos que son nuestros. Primera cuestión absolutamente perjudicial para el interés argentino.

La segunda tiene que ver con el restablecimiento del vuelo entre Malvinas y San Pablo. Este vuelo fue establecido también en el pacto Foradori-Duncan; a los británicos siempre les interesó porque les permite el cambio de la dotación de funcionarios coloniales, el recambio de tropas y de tripulaciones que operan ilegalmente en el mar argentino en actividades pesqueras o hidrocarburíferas, sin que se establezca un vínculo efectivo y concreto entre quienes habitan las islas y quienes estamos en el territorio continental argentino. Lo que se está proyectado en este pacto es que haya vuelos semanales que una vez al mes van a hacer una escala en Córdoba, y que faciliten la interconexión de las Islas Malvinas con el resto del mundo.

Los británicos pretenden que esa interconexión no permita el contacto de quienes viven en las islas bajo un régimen colonial y quienes vivimos en el territorio continental. La Argentina efectivamente ha estado históricamente interesada en el vínculo entre quienes viven en las islas y quienes vivimos en el territorio continental como una forma de generar algún tipo de integración que permita que los isleños puedan visualizar lo que hoy no pueden: que el vínculo con el territorio continental argentino puede ser muy beneficioso para ellos en temas de salud, en temas económicos, educativos y culturales, entre otros.

El tercer aspecto es más difuso, tiene que ver con la cooperación en favor del desarrollo económico. En el acuerdo Foradori-Duncan había una frase, que ahora la han evitado, con la que se acordaban medidas que permitían el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas y para eso se planteaba remover los obstáculos que impedían ese desarrollo. Hoy no usan esa frase, pero sí hacen referencia a la realización de acciones tendientes al beneficio mutuo y a la cooperación entre quienes habitan las islas y la Argentina. Tiene el mismo objetivo de favorecer la consolidación del régimen colonial.

En definitiva, es un acuerdo de enorme funcionalidad hacia los intereses del Reino Unido. No hay ninguna medida allí que sea en beneficio de la Argentina, dilata la posibilidad de que se hable del tema de soberanía y, lo más detestable de todo, es que contempla en el primer párrafo del comunicado algo que pretenden presentar como a favor de la Argentina, que es que se va a facilitar la identificación de los caídos en la guerra de Malvinas que aún no se han identificado y el vuelo de familiares a las islas que ya se concretó. Siempre hemos sostenido, cuando ha habido gobiernos argentinos con compromiso malvinero, que la identificación de los caídos y el viaje de los familiares al cementerio de Darwin no son concesiones del Reino Unido, sino que son obligaciones del derecho internacional humanitario. Tienen que cumplirse y no pueden ser carta de cambio de nada. Por lo tanto, con Mondino-Lammy, como ocurrió con Foradori-Duncan, la Argentina ha cedido al interés británico, ha facilitado lo que los británicos quieren, a cambio de nada.

Foto: Jorgelina García.

AI: Según el Comité de Descolonización de la ONU, el Reino Unido posee 10 de las 17 colonias que existen en el mundo. En ese marco, y más allá del posicionamiento del gobierno actual y de sus alineamientos, ¿qué tipo de estrategias diplomáticas se podrían adoptar y qué alternativas podría ofrecer el multilateralismo? Y en términos económicos, ¿qué medidas debería adoptar la Argentina en el corto y mediano plazo, teniendo en cuenta el enorme caudal de riqueza que implica especialmente el negocio pesquero en las islas?

GC: Si tenemos en cuenta que el actual gobierno ha demolido la política exterior y ha desmalvinizado sus relaciones internacionales, el primer desafío que tenemos es el de reconstruir esa política exterior y retomar a Malvinas como prioridad de la política exterior y como una política de Estado. Entonces, cualquier cuestión que se plantee hacer en el escenario actual no deja de ser una proposición meramente nominal, porque hoy no hay diplomáticos que tengan instrucciones de actuar en favor del posicionamiento de la cuestión Malvinas a nivel internacional.

Hoy estamos en un proceso de absoluto retroceso por decisión y acción del actual gobierno. Esto también se ha hecho patente en las omisiones. La omisión de protestar cuando los británicos han llevado adelante actos unilaterales contrarios al derecho internacional, rompiendo una práctica diplomática de señalamiento de los incumplimientos y violaciones del Reino Unido respecto de las obligaciones que le impone el derecho internacional en la cuestión Malvinas. Por ejemplo, desde que asumió este gobierno no se ha protestado por la realización de ejercicios militares, ni por los anuncios de avances en obras de infraestructura como el puerto que los británicos están construyendo en Malvinas o la nueva pista aérea que ya terminaron, ni por las acciones unilaterales en el campo de la explotación de recursos naturales, ni tampoco por la ampliación de un área de veda pesquera en Georgias del Sur.

Frente a eso, por lo tanto, hay que reconstruir la política exterior, alineada con los intereses argentinos, que tenga capacidad de reconstruir vínculos con todos los países del mundo y de volver a ser protagonista en los ámbitos multilaterales, tanto en los globales como en los regionales, en los que también la Argentina ha dejado prácticamente de participar, como es el caso de la CELAC y el Mercosur, en donde hay cierta participación, pero es más obstructiva que otra cosa. Es necesario reinstalar el debate sobre los grandes consensos que, en la política y la sociedad argentina, tenemos que volver a alcanzar en torno a la cuestión Malvinas y que han quedado absolutamente deteriorados, primero por la gestión de Macri y ahora por la gestión de Milei.

Es difícil en este momento decir que el gobierno argentino tendría que restablecer buenos vínculos con los países vecinos, porque sabemos que lisa y llanamente no lo van a hacer. Han planteado una política de ruptura hacia los países de la región, a los que en poco tiempo nuestros diplomáticos deberían ir a pedirle apoyo por la cuestión Malvinas en la reunión del Comité de Descolonización que habitualmente se hace en junio. Lo mismo pasa con Rusia, con China y con países de otras regiones.

En definitiva, es muy difícil pensar qué hacemos en un contexto donde la Argentina no tiene política exterior, o donde la política exterior que hace no contempla la cuestión Malvinas dentro de su agenda.

Foto: Jorgelina García.

AI: ¿Se podría pensar que en esta oportunidad esa ruptura ha sido más intensa?

GC: Sí, lamentablemente siempre ha habido corrientes desmalvinizadoras presentes en la historia nacional, sobre todo después de la guerra de Malvinas. Pero hay gobiernos que son abiertamente desmalvinizadores, es decir, gobiernos que expresan esas posiciones probritánicas y tatcheristas que encarna el propio presidente. La dictadura militar, tras la guerra de Malvinas, llevó adelante la primera desmalvinización que fue esconder a los combatientes. Durante los primeros años de democracia Malvinas también era un tema tabú. Luego, durante el gobierno de Menem, tuvimos un proceso desmalvinizador que continuó con el gobierno de la Alianza. Finalmente, el gobierno de Macri y hoy el de Milei. Es decir, es la cuarta ola desmalvinizadora protagonizada por un gobierno nacional. Esta es la más cruda y brutal de todas las olas desmalvinizadoras que hemos sufrido porque tenemos un presidente que se declara admirador de Thatcher y que tiene sesgos abiertamente probritánicos.

AI: Usted decía que la Argentina hoy no tiene política exterior y eso obviamente obtura el desarrollo de iniciativas en foros internacionales. ¿Qué política extraestatal se puede generar desde los ámbitos de la sociedad civil y de los partidos políticos en torno al tema Malvinas?

GC: Yo creo que han habido reacciones muy contundentes desde la sociedad civil. En términos más propios, desde la comunidad argentina, desde las organizaciones libres del pueblo. La respuesta más contundente ha sido la de los veteranos de guerra y algunas organizaciones de familiares de caídos; los veteranos y familiares que no están cooptados por el ala militarista del actual gobierno y que han ido señalando cada una de las defecciones en relación con la cuestión Malvinas. Además, estas reacciones ocurrieron antes de que Milei fuera presidente, cuando Mondino hizo referencia al reconocimiento del derecho a autodeterminación de los isleños en la última parte de la campaña electoral, antes de que ganara Milei.

También el mundo académico ha reaccionado muy categóricamente. Lo mismo gobiernos provinciales y municipales. Asimismo ha habido una reacción de sectores transversales de la oposición en el Congreso. Yo creo que la sociedad argentina rechaza este tipo de políticas. Pero estamos viviendo un momento en el cual la crisis económico-social y la profundización de la crisis del sistema político son cada vez más evidentes, lo que lleva a que estos temas queden muchas veces invisibilizados, lejos de los temas cotidianos. Por eso es tan importante la visibilización de lo que está ocurriendo con las políticas que lleva adelante este gobierno.

AI: Pasando de página de la coyuntura, le queríamos pedir un breve apunte sobre lo que llama el “trípode estratégico” conformado por Malvinas, Atlántico Sur y Antártida.

GC: La cuestión Malvinas no se puede abordar sin el contexto del escenario en el que se desarrolla, que es el escenario del Atlántico Sur. Además, hay que reconocer que, así como la cuestión Malvinas y las políticas antárticas fueron teniendo cada vez más envergadura propia en nuestra política exterior, en nuestra política de defensa y en otros ámbitos de la política nacional, el Atlántico Sur también se transformó crecientemente en un tema. Hay una cuestión en Malvinas, y también cuestiones antárticas y marítimas que están estrechamente enlazadas. Eso requiere de una mirada geopolítica y una mirada desde las relaciones internacionales porque en estos tres pilares se cifra nuestra proyección hacia el área austral. Las relaciones con otros estados, las relaciones internacionales, temas de defensa y otros vinculados con la investigación científica, requieren un análisis y un abordaje multidisciplinario. Es muy importante tener una mirada articulada de estos tres pilares del triángulo estratégico.

Foto: Jorgelina García.

AI: Haciendo énfasis en uno de esos aspectos, ¿qué riesgos puntuales considera que conlleva el avance de la militarización en el Atlántico Sur y qué rol podría jugar la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur?

GC: La Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, que el año que viene cumple 40 años, es una iniciativa que encabezó Brasil, que acompañó muy fuertemente Argentina y a la que se sumaron otros países que tienen costas en el Atlántico Sur (muchos de ellos africanos), que fue llevada a Naciones Unidas e institucionalizada por su Asamblea General.

Los países de este mecanismo de integración promovieron ante Naciones Unidas que el Atlántico Sur sea una zona libre de armamento nuclear y destrucción masiva, que se ponga un límite al avance de las potencias de otras regiones sobre el Atlántico Sur, evitar que se traigan conflictos de otras regiones del mundo al Atlántico Sur y, además, que haya una cooperación en distintos planos de la vida política, económica, cultural y social entre los países sudamericanos y africanos que son parte de la Zona de Paz y Cooperación.

Así que es muy importante el mensaje que dan los países suratlánticos hacia los países del norte, sobre todo, del noratlántico. Es un mensaje deslegitimador del atlantismo potenciado especialmente desde la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos y los países europeos. Y además, para la Argentina, y también para el resto de los países, es muy importante porque el país que tiene presencia colonial efectiva en el Atlántico Sur es Gran Bretaña. En las islas Malvinas, en las Georgias del Sur, en las Sandwich del Sur; pero también en Santa Elena, en Ascensión, en Tristán de Acuña, en las islas Howe. Hay un mensaje muy claro: todas las resoluciones, todas las declaraciones que saca la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, implican un reconocimiento de esta situación colonial y un llamado a una solución pacífica y negociada de la cuestión de Malvinas.

Foto: Jorgelina García.

Entonces, hay dos vectores que se juntan en este mecanismo de la Zona de Paz y Cooperación que son, por un lado, desmilitarización y, por el otro lado, cooperación en todos los planos, que incluye también el plano de la defensa entre los países africanos y sudamericanos.

La última reunión de ministros de la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur se hizo en abril del 2023. Fue una reunión que se hizo en Cabo Verde, en una ciudad que se llama Mindelo, y fue propiciada y activada por nuestro gobierno en el contexto de los 40 años de Malvinas. Esperemos que un próximo gobierno pueda retomar el fuerte protagonismo argentino que ha tenido nuestro país dentro de ese ámbito.

AI: Para finalizar, se conoce que hay una superposición de casi un 90% entre los territorios antárticos reclamados por Argentina, Chile y Gran Bretaña. En el marco de esos intereses contrapuestos, ¿qué escenario, ya sea de cooperación o de confrontación, avizora usted en la antesala de lo que podría ser la redefinición del sistema del Tratado Antártico en el 2048?

GC: Primero una acotación respecto a la rediscusión del Tratado Antártico. Está muy instalada esa idea y es importante clarificarla. Tanto el Tratado Antártico, como el protocolo ambiental del Tratado Antártico, no tienen fecha de vencimiento. Están vigentes mientras no se modifiquen. Lo segundo es que el protocolo de Madrid, que es el protocolo ambiental del Tratado Antártico que establece la prohibición y limitación de actividades extractivas, tampoco tiene una fecha de finalización. Lo que establece es que, durante 50 años, la modificación de su contenido tiene que ser por unanimidad, cosa que es imposible. Entonces, se considera que en el 2048, cuando se cumplan los 50 años del protocolo de Madrid, podría existir una apertura de la discusión. Pero para eso tiene que haber una iniciativa de los países miembros, y habrá que ver cuál es el escenario internacional en ese momento. Hoy no se la visualiza como una posibilidad. No es inexorable que en el 2048 vaya a haber una rediscusión, es solo una posibilidad.

En este momento, y si es coherente, Argentina debe sostener su política antártica, que es una política puesta al servicio del desarrollo de la ciencia y del cuidado del ambiente antártico, siempre salvaguardando nuestros derechos soberanos sobre el sector antártico argentino.

Con respecto a las contradicciones: es cierto que hay superposición de intereses. Los británicos se superponen casi totalmente con el área del sector antártico argentino y con el área de reclamación chilena. Ellos dicen que prácticamente todo eso es de ellos. Con lo cual es muy importante retomar la política de Perón sobre la Antártida.

Perón propició un acuerdo con el presidente chileno Ibáñez del Campo que permitió que hubiera un reconocimiento mutuo en la década del ‘50. Y, si bien subsistía un área de superposición de pretensiones, se propició una fuerte cooperación en materia antártica. Fundamentalmente visualizando que la amenaza no es mutua entre Chile y Argentina, sino que es extra-regional: es la amenaza británica que tiene la pretensión de quedarse con lo que pertenece a la Argentina y a Chile. Creo que retomar esa mirada es muy importante.

Argentina y Chile tenían un grupo de trabajo vinculado a materia antártica que, durante nuestra gestión, se transformó en una comisión binacional en materia antártica. La patrulla antártica anual, que llevan adelante las Fuerzas Armadas argentinas y chilenas en conjunto, es otra iniciativa que marca una voluntad de articulación en común. La iniciativa del área protegida de la península Antártica la han presentado Argentina y Chile conjuntamente ante el sistema del Tratado Antártico. Son iniciativas que marcan un escenario de cooperación y donde los que aparecen como amenazas son principalmente Gran Bretaña, en buena medida Estados Unidos y, en algunos casos, por ejemplo en lo relacionado con la explotación del krill, Rusia, China y Japón.

Milei ha buscado alinear a la Argentina con Estados Unidos y Gran Bretaña, que son los que hoy efectivamente manifiestan intereses en el Atlántico Sur con posiciones imperialistas y colonialistas. Y ha roto con los países de la región, con los que incluso han habido conflictos bastante abiertos en lo diplomático, como es el caso de Chile, un país que reconoce la soberanía argentina sobre Malvinas, con el que cooperamos en materia antártica y tenemos una integración económica y comercial muy inmediata, directa y beneficiosa para nuestro país. Una frontera extensísima donde además se han superado la mayoría de los conflictos limítrofes. Es decir, una relación privilegiada es reemplazada por el alineamiento con los que usurpan nuestro territorio o con aquellos que pretenden controlar lo que se hace en Ushuaia en relación a la Antártida. Ustedes recordarán la presencia de la generala Richardson en Tierra del Fuego.

Foto: Jorgelina García.

Hay que priorizar la vinculación con Chile, pero también con otros países como Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, que son países que o utilizan la logística argentina en la Antártida —cosa que es muy beneficiosa para la Argentina también en términos económicos— o tienen interés en poder articular esa logística en el futuro.

Como consecuencia del Foradori-Duncan, el gobierno de Macri firmó un memorándum de entendimiento en 2018 con Gran Bretaña, entre el Instituto Antártico Argentino y el British Antarctic Survey, para que Argentina y Gran Bretaña cooperaran en materia logística, de investigación científica y preservación del ambiente antártico. Mucha gente dice: "Bueno, un acuerdo para cooperar en la Antártida, ¿cuán perjudicial puede ser?". Cuando nosotros asumimos —aunque ya lo habíamos denunciado siendo opositores—, una de las cosas que pusimos en evidencia fue que ese acuerdo implicaba reconocer la vinculación del British Antarctic Survey con las islas Malvinas como base de operación principal en materia antártica. Ahí denunciamos la situación de que los buques y aeronaves del British Antarctic Survey usan la bandera isleña ilegítima y tienen registro en las islas Malvinas, cosa que Argentina ya había protestado anteriormente, puesto que cualquier cooperación de militares o científicos argentinos con embarcaciones que llevan la bandera ilegítima de Malvinas implica un reconocimiento casi explícito de la situación colonial en Malvinas.

Ese fue el primer acuerdo que nosotros denunciamos durante nuestra gestión. En el año 2022 se dejó sin efecto y recuperamos la relación prioritaria con Chile y con el resto de los países latinoamericanos, mediante una política de cooperación que incluye al resto de los países del sistema del Tratado Antártico, pero priorizando el enfoque regional.