40-50-50-50-60-60: Autoritarismo necropolítico del narco-capitalismo o vida democrática en Ecuador

Este 2023 se cumplen 40 años del retorno a la democracia en Argentina luego de su última y más brutal dictadura; 50 años desde que se produjera el inicio de la acontecida en Uruguay; otras cinco décadas de la de Chile; 60 años de la que tuvo lugar en República Dominicana y, el próximo año, de aquella ocurrida en Brasil. A su vez, Ecuador el año pasado (2022) cumplía 50 años el golpe de Estado para no estar por fuera de la ola de las dictaduras de la región. Sin embargo, hoy en día no podemos celebrar la consolidación de la democracia en la región. Muy por el contrario, somos testigos de nuevas formas de asedio a su funcionamiento y desarrollo.

El neoliberalismo nació con dictaduras en América Latina. Con el retorno a la democracia, hubo una luna de miel en la cual existió una convivencia armónica entre el neoliberalismo y una democracia representativa. No obstante, los paupérrimos resultados sociales del modelo neoliberal hicieron que las poblaciones del continente se inclinen por gobiernos progresistas que buscaron modificar la economía política de la redistribución del ingreso y la riqueza.

Entre 2007 y 2017, en Ecuador, el gobierno de Rafael Correa generó patrones redistributivos que afectaron la acumulación excesiva del percentil y decil más alto de la riqueza. La Revolución Ciudadana no fue parte de aquellas experiencias gubernamentales que mejoraron el bienestar de su población, pero sin alterar la estructura socio-económica. Deliberadamente en este gobierno hubo disputa y conflicto redistributivo, en donde —en términos relativos— las grandes mayorías (clases medias y populares) resultaron beneficiadas en detrimento de los grandes grupos económicos.

Gráfico 1. Ratio Redistribución Anti-democrática del ingreso nacional neto (1% más alto / 50% más bajo de la distribución) según gobiernos progresistas (promedio del período)

Fuente: WID, 2017-2021. Elaboración: Ramírez, 2023.

RRA: El ratio de redistribución anti-democrática es la participación de los ingresos netos totales que acumula el 1% más alto de la distribución dividido para la participación del 50% más bajo. Nota: En el paréntesis se destaca los años del gobierno progresista que se calcula el promedio del RRA.

En efecto, a través del gráfico No. 1 se puede constatar que específicamente el gobierno de Rafael Correa en Ecuador fue el que más disminuyó la ratio de redistribución anti-democrático (RRA) al comparar los gobiernos progresistas de la región que estuvieron en el poder durante las dos primeras décadas del nuevo milenio. El RRA es la participación de los ingresos netos totales que acumula el 1% más alto de la distribución dividido por la participación del 50% más bajo. Indirectamente este indicador da cuenta de cuán popular fueron los gobiernos nacional populares y cuán progresivos fueron los gobiernos progresistas. Así se tiene que mientras la ratio promedio de América Latina creció 9% entre 2000-2020, en el período de gobierno 2007-2017 de Ecuador decreció 57%, el doble de la reducción del promedio de los gobiernos de izquierda que tuvo una caída de 24%. Esto quiere decir que, durante la experiencia del gobierno denominado Revolución Ciudadana, se disputó la estructura distributiva a favor de las mayorías populares y en detrimento de la élite económica.

Lo sucedido en Ecuador revela la batalla política del gobierno de la Revolución Ciudadana por las condiciones materiales de vida. Consecuentemente, tal profundidad de las transformaciones operadas participó en la forma y fuerza de su reacción. Las derechas radicalizadas deben comprenderse como un efecto rebote y en función de la intensidad del cambio de las experiencias progresistas previas. En otras palabras, en el caso de Ecuador, la disputa por la materialidad no sólo estuvo signada por la mencionada crisis de ganancia del capitalismo sino también por la economía política de un proceso político que buscó trastocar la estructura social y las distancias indignas que han existido históricamente entre la población de este país andino.

Tal situación condujo a que, a diferencia de lo que sucedió en el continente en donde hubo una restauración conservadora, la Revolución Ciudadana ganara las elecciones en el 2017 pero sin su líder político Rafael Correa. La llegada de Moreno Garcés a la presidencia marca un punto de inflexión que, a través de una traición política sin precedentes en la historia del Ecuador, implicó el retorno de políticas neoliberales, blindadas éstas a través del retorno de la política corporativa en lo nacional y de un pacto de gobernabilidad con EE.UU. a nivel internacional.

Lenín Moreno. Foto: Fernando Villar/EPA (tomada de The New York Times).

La democracia no puede ser pensada por fuera de la materialidad que garantiza la reproducción de la vida. Como se ha señalado en otras ocasiones (Ramírez, 2020), la característica de la primera ola del progresismo fue que buscó configurar una democracia como igualdad y una igualdad democrática. Parece que buena parte de los gobiernos nacional populares entendieron que la democracia sólo puede consolidarse si viene de la mano de procesos que garantizan la redistribución de la materialidad para satisfacer necesidades vitales.

En el marco de la materialidad, hoy en día, no se puede entender el asedio a la democracia sin pensar la crisis de acumulación que vive el mundo, la región y cada uno de los Estados. El retorno de las derechas debe ser leído en matriz de crisis de acumulación para entender la profundidad que encierra.

La economía política redistributiva que se generó en el gobierno de Rafael Correa en contra de las élites económicas debe ser contextualizada en el marco del deterioro de la tasa de ganancia del capital. La armonía democracia/neoliberalismo sólo puede existir en los ciclos expansivos del capital. El odio a la democracia de las derechas oligárquicas en Ecuador, está asociado a que las reglas institucionales democráticas —por pobres que sean— imposibilitan recuperar la tasa de ganancia con los márgenes de concentración históricos acostumbrados por las élites económicas. En este marco, debe buscar formas alternativas de expropiación.

Ecuador es un buen ejemplo de cómo está resolviendo el capitalismo su crisis. Este busca superar el impase a través de dos procesos de acumulación: el narcocapitalismo y el capitalismo digital/plataforma, ambos ligados al rentismo financiero. A su vez, estos dos mecanismos generan nuevas formas de biopolítica tanto en términos de los cuerpos individualizados como sobre la soberanía de los Estados nación.

En el caso del Ecuador, el narcocapitalismo se asocia a una nueva geopolítica de la droga. Al entrar el fentanilo a EE.UU., Ecuador pasa a ser un punto nodal en el circuito de la cocaína, sobre todo como punto de salida a mercados europeos que pasan a tener importancia dada la sustitución del estupefaciente en el mercado de Norteamérica: “Se ha desplazado la geografía de la hoja de coca, la región cocainera más grande por exportaciones del mundo ya no es Tumaco, ya no es el Pacífico, es la frontera de Colombia con Ecuador, en el Putumayo”¹. A su vez, el retorno de las derechas en el país andino debe entenderse por el grado de influencia del país del Norte, quien parece haber negociado un pacto de gobernabilidad con Moreno Garcés a través del retiro del asilo político al periodista Julián Assange. No ha sido fortuito —en ese sentido— el asedio contra los organismos regionales como UNASUR o CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), los cuales buscaron ser desmantelados durante el gobierno de Lenín Moreno para instaurar una lógica bilateral de la política internacional. A diferencia de lo que fue la política exterior de Correa basada en el multilateralismo o regionalismo, con Moreno se instaura el retorno del bilateralismo, y con ello se da una mayor influencia de los EE.UU. en asuntos nacionales y regionales. A su vez, este país parece seleccionar a Ecuador como su socio estratégico al perder la complicidad de Colombia con la llegada al poder del presidente Petro.

Incautación de droga en Ecuador. Fuente: CNN.

El proceso, a su vez, se facilita cuando los gobiernos flexibilizan las normativas regulatorias de los sistemas financieros, lo que allana el camino para el lavado de dinero (Cuadrado Sanchez, et al., 2022). Como era de esperarse, al llegar a la presidencia un representante del sector financiero y dueño de uno de los bancos más importantes del país, se avanza en la flexibilización de dicha normativa y con ello se libera de cualquier control y traba la salida de divisas. Debe recordarse que el impuesto a la salida de divisas fue establecido inicialmente por un valor de 0.5% (2007), el cual se elevó al 1% (2008), posteriormente al 2% (2009) y, finalmente, al 5% (2011) (Pavón, 2019). En el año 2019 Lenín Moreno establece un paquete de medidas regresivas por decreto entre las se encuentra la reducción a la mitad de este impuesto. Este paquetazo enciende la mecha para una virulenta revuelta social que termina con represión y muerte de varios manifestantes (Ramírez y Minteguiaga, 2020). Posterior a este suceso, Moreno intenta tramitar dicha reducción vía legislativa (Ley Económica Urgente) pero resulta rechazada por la Asamblea Nacional. Con Lasso el impuesto sufre disminuciones escalonadas que se fueron efectuando bajo el objetivo de llegar al 0% al final de su mandato, el cual, como ya se ha mencionado, no llega a completar. Igualmente, bajo su gestión se reduce este impuesto a 3,5%² y es esperable que con Noboa se erradique completamente, como lo ha manifestado en su campaña electoral.

Es importante indicar que, pese a estas reducciones del impuesto, su recaudación aumenta y esto se debe, en el marco de gobiernos que benefician al sector financiero, al crecimiento en términos absoluto de la salida de dólares. Así se observa que entre el 2016 y el 2022, la recaudación de este gravamen³ crece en un 32% al pasar de 964 a 1273 millones de dólares en el respectivo período (SRI)⁴. Por tanto, la desregulación operada —además en un momento de crisis económica— no sólo conduce a un beneficio objetivo de los intereses económicos de la banca5, sino también, a réditos para sectores del crimen organizado, como el narcotráfico, al diluir barreras para el lavado de activos.

Así, en estos momentos de crisis capitalista, el neoliberalismo acumula con violencia y la narcopolítica se vuelve necropolítica. Esto devela una compleja dinámica: los tentáculos entre los sistemas financieros y los sistemas de distribución de la droga y la conexión entre ambos con los paraísos fiscales.

Desde este lugar adquiere sentido el interés por “hacerse del Estado”. Su captura está vinculada a lograr el control institucional de su aparato y de los territorios a fin de garantizar la ruta de la droga, que es en definitiva la ruta del dinero. A través de un estudio realizado por CELAG (2023), “se tiene que en promedio para el período 2007-2016 el sistema financiero [ecuatoriano] habría regularizado flujos de dinero sin explicación que ascienden a 1.200 millones de dólares anuales. Para el período 2017-2020 este monto habría ascendido a 2.600 millones de dólares anuales, y para el año 2021, año en que se ha consolidado la desregulación del sistema financiero y que asume la presidencia el banquero Lasso, el monto anual de regularización de dinero sin explicación asciende a la cantidad de 3.500 millones de dólares” (Ídem, la negrita es nuestra)⁶. Si se analiza en términos acumulados, el dinero sin explicación en el sistema financiero que —de acuerdo a la metodología señalada sería un proxy del dinero lavado en dicho sistema— creció 56% más en cuatro años (2017-2021) que en lo que se acumuló en los nueve años anteriores (2007-2016). Tal tendencia no guarda relación con lo que acontecía en la economía real dado que, en los nueve años analizados, esta creció a 3.4%, mientras que en los últimos 4 años decreció 1% (Ídem).

Ahora bien, los acontecimientos ocurridos entre 2017 y 2018 entre Ecuador y Colombia, dan cuenta de la entrada del país en un nuevo clivaje con la consecuente explosión de violencia bajo múltiples formas: homicidios, secuestros, sicariato y matanzas masivas dentro de las cárceles. Una ola que se extiende por todo el territorio nacional, y especialmente en aquellas zonas que poco a poco deja de controlar el Estado y quedan en manos del narco y las bandas criminales. Esto inaugura en el país andino lo que la literatura ha denominado como “narcoestados o narcoeconomía” aplicado a naciones cuyas instituciones políticas son penetradas por el poder y la riqueza del tráfico ilegal de drogas. En este marco, tampoco el incremento de homicidios resultó azaroso. Al 2017, año que termina el gobierno de Rafael Correa, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 5.6. La mencionada tasa, había caído en una década 64%. Al 2022, es decir en 5 años, la tasa llegó a 26.5 muertes por cada cien mil habitantes; es decir, creció 356%. Se produce “una aceleración como nunca había ocurrido, convirtiéndose en la tasa más alta de la historia del país. Esto significa pasar de la tasa más baja a la más alta en un período muy corto de tan solo cinco años; su incremento es de cuatro veces, el más significativo y el más rápido en estos 40 años (Carrión, 2022: 20)⁷.

Ecuatorianos protestan contra el gobierno de Lenín Moreno el 8 de octubre de 2019. Foto: Carlos García Rawlins/REUTERS.

La remozada recomposición del neoliberalismo debe ser leída así en matriz o en frame geopolítica, la cual está ligada a la materialidad sistémica que produce el capitalismo. No se puede entender la restauración autoritaria y conservadora en la región sin comprender la crisis profunda de acumulación y sus estrategias rentistas de recuperación de la tasa de ganancia. La escasez genera violencia. Esta es mayor si convive con deseos de las élites económicas de mantener altos niveles de concentración de la riqueza.

En este contexto, se puede señalar que la disputa por la democracia está asociada a la disputa por la materialidad para la reproducción de la vida. Los gobiernos nacional populares en este marco deben sostener sus proyectos de transformación en cambios estructurales de la matriz productiva, que interpelen el poder de facto de la plutocracia y oligarquía de cada Estado nación y el modo de cómo está resolviendo el capitalismo su crisis; caso contrario, no solo habrá retornos de prácticas autoritarias o dictatoriales, sino que este vendrá de la mano del deterioro de la calidad de vida de la ciudadanía, aparejado de procesos sociales con tintes extremadamente violentos. En este marco, es necesario comprender que el neoliberalismo actual no puede no ser autoritario dada la crisis de acumulación capitalista y los mecanismos que se han instaurado para su superación. No es casual que las derechas extremas contemporáneas sean expresa e insistentemente negacionistas de los efectos de las dictaduras del siglo XX, cuestionando la existencia del terrorismo de Estado, de los desaparecidos, de las ejecuciones y torturas asociadas a dichos procesos. En su negación y al mismo tiempo banalización hay una estrategia política ligada a la instauración del neoliberalismo por formas autoritarias. Se niega que semejante experiencia haya ocurrido porque justamente se está dispuesto a instaurar un modelo neoliberal por vías similares. Por tanto, la reedición de dictaduras de nuevo cuño perfectamente puede volver a acontecer en tal escenario.

Hoy en día, la necropolítica es consustancial al neoliberalismo, y el neoliberalismo necesita prescindir de la democracia para la recuperación de la tasa de ganancia. Debe quedar claro en ese marco que, la defensa de la democracia es la defensa de la vida. En tal virtud, lo que está en juego son dos opuestos: ¡autoritarismo con necropolítica o vida democrática! He aquí la relevancia de la disputa del sentido democrático que vive Ecuador y la región.