Deuda externa: la historia de Alí Babá y los 40 endeudadores

Hasta la publicación de Norberto Galasso “De la Banca Baring al F.M.I” (editorial Colihue, Bs. As, 2008) eran escasísimos los aportes sobre el tema de la deuda externa argentina (García Vizcaíno, Duhalde-Ortega Peña, Eric Calcagno, Julio González, Raúl Scalabrini Ortiz, Osvaldo Magnasco). Sin embargo, su importancia en el devenir histórico económico era y es vital para explicar nuestra dependencia.

Su omisión no obedecía solo a la carencia de un pensamiento situado y nacional sino también al ocultamiento de los grandes fraudes y vicios que emanaban de su contracción. Ya en 1904, el maestro de las finanzas públicas argentinas, José Terry, señalaba que “la historia económica del país es la historia de los grandes escándalos financieros”.

Con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, según expresiones públicas de uno de sus ideólogos (José Martínez de Hoz) el objetivo era volver al día previo al 4 de junio de 1943, fecha en la cual se dió comenzó la inserción de los trabajadores en la escena política y económica del país de la mano de Juan Perón y la nacionalización de los instrumentos para el desarrollo de nuestra economía.

Así comenzará (en 1976) un industricidio con caída del poder de compra de los salarios, con enorme represión y pérdida de los derechos más elementales como la vida misma y un endeudamiento fraudulento, ilegal e ilegítimo, como está demostrado a lo largo de la investigación judicial comenzada en 1982 y finalizada, en su primera parte, en julio del 2000, que abarcó el endeudamiento estatal por los años 1976 a 1983 y que demostró la falta de fundamento jurídico, financiero y económico por la deuda contraída por aquellos años y que había detectado no menos de 477 operaciones ilegales que merecían la nulidad absoluta desde el punto de vista administrativo jurídico y financiero¹.

Tapa de Clarín del 27 de marzo de 1976. Fuente: apm.gov.ar

Fragmento de una nota de La voz del interior del 29 de marzo de 1976. Fuente: apm.gov.ar

Llegamos así al 10 de diciembre de 1983 con una enorme deuda externa, con parálisis económica, con fuerte caída del salario y el consecuente aumento de la pobreza, con las inmediatas secuelas de la guerra de Malvinas. Un gobierno con amplio apoyo popular pero débil en materia económica. A pesar de las promesas de la campaña, Alfonsín no investigó la deuda externa y mucho menos la repudió, más allá de la intención de formar un club de deudores en Cartagena, que naufragó al poco tiempo de propuesto bajo la presión norteamericana y terminó consintiendo la deuda contraída por el proceso cívico militar. Así pasamos de una deuda de 8.700 millones de dólares de marzo del 76 a 45.100 millones de dólares al regreso de la democracia. Deuda que iría aumentando durante su gobierno al consentir que la deuda externa privada se transfiriera al estado nacional por obra (entre otros) del director de deuda externa del Banco Central Carlos Melconian y sus secuaces, que privilegiaron a un grupo de empresas que se vieron así liberadas de sus obligaciones, muchas de las cuales no tenían ningún sustento como lo denunció el mismo Banco Mundial en su informe de julio de 1984. Celulosa Argentina, Pérez Companc, Acindar, Bridas, Techint, Grupo Macri, Grupo Werthein, Ford, Renault, Mercedes Benz entre otros cargaron al país por 17.206 millones de dólares de manera fraudulenta ayudados por los economistas y juristas más encumbrados. Dice un párrafo de la sentencia del fallo de la deuda: “Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando los costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación de los seguros de cambio”. Sin embrago, a pesar de las pruebas producidas, nadie hasta el presente ha tenido sanción alguna³.

Otro hecho significativo y poco difundido fue el cambio de modalidad de instrumentación financiera. Anteriormente los contratos de deuda eran entre un acreedor y un deudor por un determinado monto y causa; a partir de 1985 se reemplazó esa relación por la emisión de bonos innominados que sólo traen el valor nominal, con la cláusula de prórroga de jurisdicción hacia tribunales extranjeros. De allí en más toda controversia sobre la supuesta deuda soberana argentina se dilucidará en juzgados extranjeros.

La Argentina emitía bonos y la administración de la deuda estaba en manos del Comité de Bancos Extranjeros de Londres. Los pagos se canalizaban por intermedio de este Comité y el país no sabía a ciencia cierta a quién estará pagando, ni el motivo. De esta manera salieron de las arcas públicas más de 10.000 millones de dólares.

En febrero de 1989, en la Bolsa de Valores de Taiwán se cruzaron dos bonos de deuda argentinos con la misma numeración. Llamado a declarar por el juzgado que investigó la deuda, el negociador de entonces (y actual) de la deuda Daniel Marx declaró que “no tenía dudas que el gobierno duplicó y hasta triplicó los bonos pero que lamentablemente no tenía pruebas, porque éstas estaban en manos de los bancos acreedores”. En marzo de 1989, el país navegó en aguas de la hiperinflación y Alfonsín debió renunciar seis meses antes del vencimiento de su mandato.

Por este motivo el acuerdo Brady que renovó toda la deuda, borrando las pruebas de la doble emisión, contiene una cláusula que dice que en caso de controversia entre deudor y acreedor, se tomará como válido lo que expresa el acreedor, y desde entonces tenemos una deuda registrada por lo que expresaron los acreedores.

Carlos Menem sucedió a Alfonsín y le fue impuesta una agenda financiera elaborada por los centros de poder e instrumentada en nuestro país por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) que contó con los aportes de Roberto Lavagna, Ricardo López Murphy, Martín Redrado, entre otros. La agenda propuso el canje de los bonos externos (que cotizaban al 15% de su valor nominal) por los principales activos del país. Así se sancionó la ley 23.696 que privatizó el patrimonio nacional.

Lord Montgomery de visita al país, publicó a su regreso en Londres la tasación de los bienes a privatizar en un billón de dólares (un uno seguidos de doce ceros); por lo recaudado por las privatizaciones podemos afirmar que se vendió el patrimonio público por el 2,6% de su valor, quedando los resortes de desarrollo argentino en manos extranjeras. Dice el artículo 15 inciso 10 de la citada ley: facilitar a los acreedores para el cambio de sus tenencias por los principales activos del país.

Domingo F. Cavallo y Carlos S. Menem. Foto: AFP. 

Así la emisión fraudulenta de la deuda sirvió para el desapoderamiento del petróleo, del gas, acero, buques, puertos, rutas, teléfonos, medios de comunicación, aeropuertos etc. El ahorro de generaciones de argentinos canjeados por bonos que cotizaban al 15% de su valor nominal.

La deuda siguió creciendo para sostener la fantasiosa convertibilidad de un peso igual a un dólar que mediante la apertura comercial, con un peso sobrevaluado, destruyó las industrias locales y acrecentó la pobreza.

De la Rúa continuó con el sistema. La deuda refinanciada en 1993 por el Plan Brady vencía en el año 2000, los mismos negociadores se ocuparon de refinanciarla a través del Blindaje, Canje y Megacanje. Por estas operaciones la deuda creció en 55.000 millones de dólares. Los negociadores (Mulford, Cavallo y compañía) planificaron, en 1993, volver en el año 2000 para completar una nueva ronda de su negocio, cobrando ingentes comisiones.

La economía estalló y con ella la sociedad. Cavallo, nuevamente como ministro de economía, impuso el “corralito”, limitando los retiros de los depósitos bancarios. Si en 1989 se impuso el Plan Bonex para quedarse con los depósitos de los ahorristas y financiar la implantación de la convertibilidad, ahora en 2001, el corralito salvaba a los bancos que carecían de los recursos para devolver los depósitos. Nuevamente el Estado se haría cargo de devolver a los ahorristas sus dineros y compensar a los bancos por más de 13.000 millones de dólares, lo que incrementaría una vez más la deuda externa.

Cinco presidentes se sucedieron durante diciembre del 2001. Uno de ellos, Alberto Rodríguez Saa, decretó el default y el país dejó de pagarle a casi todos los acreedores. Sólo uno siguió cobrando y exigiendo medidas para cubrir a sus acólitos: el FMI.

Sede central del Fondo Monetario Internacional en Washington. Foto: Shutterstock (tomada de Perfil). 

Así es que Eduardo Duhalde envió al Congreso —y este sancionó— la eliminación de la figura de subversión económica, con la cual, de haber subsistido, se podría haber juzgado a los banqueros y a las principales empresas que operaban en el país por la fuga de capitales y el vaciamiento económico. La deuda alcanzó el 120% del PBI.

En mayo de 2003 asumió Néstor Kirchner, quien mantuvo una política de reparación social con superávit fiscal y comercial. Ambos superávits permitieron acumular reservas y pagar al FMI la totalidad de su acreencia antes de su vencimiento, por lo que, por primera vez desde su creación, el FMI no tendría sus garras sobre la economía nacional.

Se pagaron 9.800 millones de dólares de contado para romper esa cadena. Lo mismo hicieron Brasil y Turquía, otros recurrentes deudores del organismo.

Luego se realizaría el canje y refinanciación de la deuda (sin auditar), logrando una quita, pero fundamentalmente una espera en el pago con un premio conforme el crecimiento del país. Operación que se repetiría en 2010 quedando sólo un 7% de los supuestos acreedores fuera del canje, quienes comenzaron un juicio en los tribunales de Nueva York. Los llamados “fondos buitre” se caracterizan por comprar bonos de países con problemas a precio de remate e iniciar demandas multimillonarias, con embargos de bienes y todo tipo de presiones.

En el caso argentino, entre los bonos reclamados judicialmente se presentaron bonos de 1993, llamados Bonos Brady. Una de las cláusulas del contrato de adhesión expresaba “que la Argentina renunciaba a todo juicio favorable, en cualquier tiempo y lugar que pudiera producirse”. Es decir que de antemano ya estaba decidido el fallo adverso; sólo una férrea defensa que impugnara la cláusula mencionada podría dar curso a un fallo favorable. Como el estudio de abogados de Nueva York (Cleary, Gotlieb and Hamilton) que nos representaba en el juicio de los buitres era el mismo que 20 años atrás participó del acuerdo Brady, nada de eso se hizo.

Cristina Kirchner resistió hasta el final de su mandato las consecuencias del juicio. Mientras canjeaba deuda externa —es decir deuda en moneda extranjera— por deuda interna denominada en pesos, se llegó al más bajo endeudamiento comparado con el Producto Bruto Interno, aunque nominalmente la deuda había crecido.

Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde se llevó adelante el juicio de los fondos buitre contra la República Argentina. Foto: flickr.com.

En medio de la batalla legal, los fondos buitre apoyaron a Mauricio Macri, quien se comprometió a pagarles todo lo que reclamaban. Al llegar a la presidencia, hizo lo prometido y pagó 9.000 millones de dólares incluyendo costas de los abogados querellantes en efectivo, emitiendo deuda por 15.000 millones de dólares de corto y mediano plazo⁴.

A su vez, desarmó todos los mecanismos de control y administración de los recursos externos, permitiendo a los exportadores no liquidar el producido de sus exportaciones, por lo cual las divisas extranjeras se vieron seriamente limitadas. La rebaja de aranceles e impuestos también redujo los recursos fiscales, por lo que, para cubrir las obligaciones externas, se tomó nueva deuda con tasas de interés crecientes. Argentina se convirtió en el país que más deuda tomó en el término de dos años.

La plaza financiera externa pronto se saturó; hasta se emitió un bono a 100 años que fue suscripto por la consultora del mismo ministro de Finanzas (Caputo), es decir, quien emite el bono y quien lo recibe eran la misma persona, con un beneficio de 21.000.000 millones de dólares. Cifra que convertida en bienes alcanzaría para darle de comer durante décadas a un millón de niños pobres argentinos.

Para pagar ese festival de bonos y ante la imposibilidad de colocar nueva deuda, se recurrió nuevamente al FMI.

Se tomaron 100.000 millones de dólares de deuda y se fugaron 86.000 millones. El 1% de las empresas y un selecto grupo de particulares se benefició con esta fuga. Estudios posteriores demostraron que las empresas que transfirieron fondos al exterior no podían justificar esos movimientos de capitales en sus balances.

Para completar el cuadro, la deuda contraída con el Fondo adolece de graves faltas desde lo administrativo jurídico a lo económico financiero, incluso violando los mismos estatutos del organismo que claramente impiden préstamos a países sujetos a fuga de capitales, situación en la que se encontraba el país. Además, el préstamo otorgado superaba ampliamente la cuota permitida para la Argentina. Sólo el apoyo del gobierno de Estados Unidos para la reelección de Macri justifica este accionar.

De izq. a der.: Nicolás Dujovne, Mauricio Macri y Luis "Toto" Caputo, el trindente que lideró el último ciclo de megaendeudamiento argentino con el exterior. Foto: DyN.

Las condiciones impuestas eran y son de imposible cumplimiento, lo que obligó al gobierno de Alberto Fernández a renegociar los términos. Pero Alberto Fernández tampoco cumplió con su promesa de campaña de investigar la deuda. Su ministro de economía Martín Guzmán renegoció la deuda privada sin auditarla, sabiendo que algunos tenedores eran los mismos funcionarios que la habían contraído; refinanciación cuyos vencimientos operan desde el año próximo y resultan abultados en los próximos años.

Tampoco se cuestionó la deuda con el FMI, a pesar de las arbitrariedades y falencias legales observadas. La falta de impugnación de una deuda que el pueblo no contrajo ni lo benefició configura una deuda odiosa y les ha dado impunidad tanto a los funcionarios locales como a los internacionales.

Si algo permanece durante estos cuarenta años es la impunidad que permite que nacemos debiendo, vivimos pagando y morimos debiendo.

La deuda total al 24 de marzo de 1976 era de 8.700 millones de dólares, luego de pagar una y otra vez, la actual supera los 360.000 millones de dólares. La pobreza equivalía al 5% de la población, hoy supera el 40%. La mitad de los niños son pobres. La supresión biológica tiene un aliado silencioso: la deuda externa.

Debemos considerar que si hay una deuda impaga durante estos cuarenta años de democracia es la investigación y juicio institucional y ciudadano por la deuda externa. Como decía nuestro patriota, el denunciante de la deuda don Alejandro Olmos: “o estamos al servicio del pueblo y en contra de la deuda, o estamos al servicio de la deuda y en contra del pueblo”.