Dictadura delincuencial y lucha por la democracia en Guatemala

Los acontecimientos observados durante el mes de octubre en Guatemala confirman para ese país y para buena parte del mundo que la democracia casi nunca ha sido una graciosa concesión de los de arriba. Ni solamente pactos entre elites. La democracia casi siempre ha sido una conquista arrancada trabajosamente desde abajo, aun cuando para facilitar los procesos haya sido determinante la conducta de los de arriba.

Hoy Guatemala está viviendo momentos históricos por dos motivos. En primer lugar, porque en la primera vuelta electoral del 25 de junio, lograron transitar al balotaje Bernardo Arévalo y su partido Movimiento Semilla. Arévalo, socialdemócrata moderado logró triunfar en la segunda vuelta del 20 de agosto. Y estos hechos, constituyen el evento progresista más importante para el país desde el derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954. En segundo lugar, porque los intentos del bloque en el poder para desconocer los resultados de las dos rondas electorales han desencadenado la rebelión popular más extendida en la historia reciente en el país.

La rebelión popular que se ha observado en los últimos meses de 2023 no tiene como objetivo el apoyo a la candidatura de Bernardo Arévalo. Como sus voceros lo han indicado, el objetivo del levantamiento es la defensa de la democracia en Guatemala que pasa por respetar los resultados electorales que favorecen a Arévalo. Es una rebelión por la democracia y contra una dictadura de nuevo tipo que paulatinamente se fue instaurando en el país durante los últimos quince años. No obstante, al estar los pueblos originarios en el centro de esta, el saldo de la rebelión no será solamente la defensa de la democracia liberal y representativa. Muy probablemente la rebelión ha iniciado el camino que desterrará el racismo y la segregación en un país de mayoría indígena. Muy probablemente inaugurará una nueva manera de concebir a la nación. Es el cometido de este breve artículo, hacer un esbozo de la dictadura que hoy se tambalea, los intereses que defiende y los rasgos de la rebelión que hoy desafía a dicha dictadura e intereses.

Una democracia secuestrada: actas electorales decomisadas por órdenes del Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, uno de los engranajes del contubernio que pretende impedir la llegada de Bernardo Arévalo al gobierno. Foto: Reuters (tomada de Infobae).

Dictadura delincuencial y Dictadura militar. El advenimiento de la gobernanza criminal

Guatemala ha sido un país dominado por dictaduras. Las dictaduras unipersonales de carácter oligárquico que predominaron durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, se vieron interrumpidas por la revolución de 1944 que dio paso a una efímera democracia que fue derrocada por la contrarrevolución de 1954. La contrarrevolución abriría la puerta para la instauración de una dictadura militar y un largo conflicto armado interno. Los Acuerdos de Paz de 1996 dieron fin a dicho conflicto y abrió la puerta a la esperanza de que en Guatemala se inauguraría el tránsito a la democracia y que se dejaría atrás el pasado dictatorial. La historia del país no caminó en ese sentido pues paulatinamente fue emergiendo un nuevo tipo de dictadura. Esta no era la militar pero igualmente fue suprimiendo libertades y ejerciendo el terror con modalidades distintas, pero igualmente represivas.

La nueva dictadura es expresión de una reconfiguración del bloque en el poder (Poulantzas, 1973) que se observó durante los años que siguieron a la contrarrevolución de 1954 y que agudamente retrató Susan Jonas (1991) con la noción de ruling coalition (coalición gobernante). Según Jonas, la Ruling Coalition estaría constituida por la burguesía, el alto mando del ejército y éste como institución, la clase política y un estrato técnico burocrático instalado en el Estado (Jonas, 1991: 92-94). Hoy ese bloque en el poder ha cambiado entre otras cosas porque el fin de la guerra fría, hizo obsoleta la doctrina de seguridad nacional imperante en el último tercio del siglo XX (Tapia, 1980; Buitrago, 2003). Esto trajo como consecuencia un nuevo papel de las fuerzas armadas y un cambio en su relación con el Estado.

"Gloriosa victoria" de Diego Rivera, retrata la trama que hubo detrás del derrocamiento de Jacobo Árbenz. Fuente: Internet Archive.

El bloque en el poder que sustenta a la hoy zozobrante dictadura delincuencial en Guatemala ha sido llamado coloquialmente “Pacto de Corruptos”. La indignación que ha generado este bloque cuyo sector más visible son los funcionarios estatales venales, ha ocasionado que el mismo sea reducido a este sector. El Pacto de Corruptos comprende a funcionarios corruptos, narcotraficantes y ultraderechistas neofascistas. Pero es mucho más que este grupo de espurios intereses que se ha venido irradiando por todo el Estado guatemalteco. El Pacto de Corruptos involucra también a los grandes empresarios que como clase dominante antaño delegaban la gestión estatal en la dictadura militar contrainsurgente. Ahora han delegado en funcionarios, diputados, alcaldes y partidos políticos corruptos y vinculados al crimen organizado, la gestión de una gobernanza que administra un capitalismo criminal. Está constituido entonces, por viejos y nuevos empresarios, funcionarios corruptos, narcotraficantes-crimen organizado y la derecha neofascista. El Pacto de Corruptos es la manera en que funciona el capitalismo en el país.

En su lucha por más mercado y menos Estado, el neoliberalismo ha impuesto el mito de que la corrupción es algo que atañe solamente al segundo. Sin embargo, en Guatemala la corrupción es una suerte de pago empresarial para que se mantenga un orden social que se sustenta en una desigualdad extraordinaria y en una pobreza extendida. Buena parte de los empresarios se ha adaptado al funcionamiento corrupto del Estado y ha participado de dicho funcionamiento porque el mismo favorece enormes márgenes de ganancia, privilegios e impunidad. Algunos de los mecanismos de la corrupción que hace cómplices a funcionarios públicos y a empresarios son licitaciones amañadas, presupuestos de obra pública abultados, contrabando, permisos ilegales, tráfico de influencias, evasión de impuestos, leyes onerosas, sobornos, malversación, dispendio, robo, además de las ventajas de un orden represivo. La descomposición se ha profundizado con la creciente importancia regional del narcotráfico y las más diversas formas de crimen organizado. El narcotráfico no solamente ha impregnado a funcionarios y empresarios, sino que ha originado que las mismas fuerzas armadas también estén minadas por la corrupción y el contubernio con las actividades criminales. He aquí la esencia de la gobernanza criminal en Guatemala.

Manifestantes congregados frente a la sede de la Fiscalía general. Foto: EFE/David Toro.

La gobernanza criminal es la manera en que ha estado funcionando el capitalismo en Guatemala. Se entiende por gobernanza criminal (Lessing, 2020) una gestión estatal en la que actores estatales, funcionarios corruptos y crimen organizado se entrelazan en una zona gris (Auyero, 2007) que paulatinamente desvirtúa el carácter público del Estado. Esa dictadura es distinta a la militar, porque el eje central de la gobernabilidad no la ejerce el ejército como institución, sino son los funcionarios del estado insertados en los tres poderes y que expresan los intereses de la corrupción y el crimen organizado.

En la dictadura militar la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y las masacres eran la manera perversa de ejercer el terror que buscaba disciplinar a la población y aniquilar en ella la voluntad de transformación (Figueroa, 2011). La dictadura delincuencial, la que ejerce la gobernanza criminal, efectúa el terror a través del asesinato moral y el asesinato judicial. Guerra mediática ejercida por las redes sociales y otros medios de comunicación y guerra judicial haciendo uso del aparato judicial en el país, tales son los métodos de terror disciplinario mediante los cuales se mantiene el bloque en el poder.

Pueblos originarios y rebelión popular

Desde principios de octubre de 2023, observamos en Guatemala una gran rebelión. La misma se ha expresado en una acelerada politización de los sectores populares urbanos. En una creatividad festiva evidente en los bloqueos, concentraciones y marchas. Como se trata de una rebelión pacifica brinda un gran espacio para lo lúdico: bailes, disfraces, tamboras, representaciones, consignas ingeniosas y hasta hilarantes, debates y diálogos con una policía hasta el momento pasmada. La gran rebelión ha convertido en dirigentes articulada/os a la vecina del barrio popular, a la ignorada y subestimada mujer indígena de algún poblado rural, al humilde vendedor ambulante, al joven trabajador de alguna dependencia pública. La gran rebelión ha hecho surgir a una dirigencia indígena en la que se advierte un proyecto político nacional. Expresa los rasgos que alguna vez expresó Lenin cuando habló de la “situación revolucionaria o de la “crisis nacional general”: ésta se observaba cuando “los de abajo no quieren seguir viviendo como antes y los de arriba tampoco pueden seguir gobernando como antes” (Lenin, 2021).

Pero lo que se observa en la Guatemala rebelde de ahora es diferente. La fuerza transformadora, el élan que busca desmantelar a la dictadura delincuencial que hoy rige a Guatemala, ha provenido del interior del país aun cuando el desencadenante haya sido el triunfo electoral de un partido de clases medias mestizas y urbanas como lo es Movimiento Semilla. A lo largo de muchos años, la vida política de Guatemala tuvo su epicentro en la capital del país. Salvo unos breves años, cuando el clímax del estallido insurgente hizo que el altiplano central y septentrional del país se volvieran los puntos nodales del estremecimiento estatal, es en la capital donde los acontecimientos han resultado decisivos.

Movilización indígena en defensa del Estado de derecho. Foto: Reuters.

Fue en la capital donde se fraguó la independencia de 1821, allí mismo se observó la insurrección de 1920 que derrocó al dictador Manuel Estrada Cabrera. Fue la capital el escenario central del derrocamiento de la dictadura ubiquista que dio nacimiento a la revolución de 1944-1954 y de las jornadas preinsurreccionales de marzo y abril de 1962. Finalmente, fue la capital en donde se observó la acumulación de fuerzas del movimiento social y popular en la década de los setenta del siglo XX, previa al estallido insurgente de fines de esa década. La rebelión en esta ocasión ha ido del campo a la ciudad. A diferencia de las luchas populares de los setenta del siglo XX, el movimiento sindical no juega un papel destacado.

El otro hecho novedoso es que no son los ladinos o mestizos quienes son los protagonistas centrales como sucedió a lo largo del siglo XX. El mes de octubre de 2023 será visto en la historia de Guatemala como el momento en el que los pueblos originarios se convirtieron en el sujeto colectivo central de la transformación que Guatemala necesita. El eje central del paro nacional son el Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá, el Parlamento del Pueblo Xinca (Santa Rosa y Jutiapa), las Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango (Quiché), la Municipalidad Indígena de Santa Lucia Utatlán (Sololá), el Movimiento Social K’ekchí’ (Cobán, Alta Verapaz), la Asociación Indígena de San Francisco el Alto (Totonicapán), la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de las 14 comunidades de San Cristóbal Totonicapán y la Alcaldía Indígena Ancestral Maya Ixil de Nebaj (Quiché). Otras organizaciones mayas que se han adherido al paro son el Consejo de Autoridades Ancestrales de los Siete Municipios de Totonicapán y Articulación Chimaltenango que agrupa a sectores del pueblo Kaqchikel. Independientemente de la adhesión de otros pueblos mayas al paro nacional, es posible distinguir a los pueblos K’iche, K’ekchi’, Xinca, Ixil, Kaqchikel y Poqoman. Manifestaciones de protesta se han observado también las ciudades principales del país como Quetzaltenango, Antigua y aun en los centros urbanos de El Petén como Libertad y Poptún.

En la capital de Guatemala, el centro de concentración de la protesta ha sido la sede del Ministerio Público. En los primeros días del paro la mayor parte de los manifestantes eran integrantes de los pueblos originarios, a tal punto que en un discurso vertido allí por el Cardenal Álvaro Ramazzini no dejó de hacer un reproche a la falta de acompañamiento capitalino. Pero los habitantes de la capital, en su mayoría mestizos o ladinos, se fueron sumando a la protesta a través de los estudiantes de la Universidad del Valle, Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala, los locatarios de los mercados de la ciudad y habitantes de las zonas populares. Quienes han participado de los bloqueos en las diversas carreteras en el país, en las marchas y concentraciones, han dado manifestaciones de un hecho inédito para el racismo que ha imperado en Guatemala: los mestizos han escuchado con atención las directrices y discursos que dan las autoridades indígenas.

Las manifestaciones en contra de la corrupción que se observaron a partir de abril de 2015 y que concluyeron con la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Baldetti, habían sido la referencia más reciente de la protesta popular. Lo que hemos observado en este mes de octubre tiene una envergadura mayor y un sentido distinto. Se trata de una rebelión nacional que ha hecho emerger a un nuevo sujeto colectivo en el país.

En el centro de la imagen, Alida Arana Vicente, una de las líderes indígenas de Guatemala que ha cobrado protagonismo en las protestas de este año. Fuente: rudagt.org

Guatemala ya no será igual

En el momento en que se escriben estas líneas, no es posible saber el desenlace de la crisis nacional generalizada que vive Guatemala. El llamado Pacto de Corruptos, particularmente su núcleo duro aglutinado en la Presidencia, la Fiscalía General, el sistema judicial y una mayoría del poder legislativo, sigue buscando dar un golpe de Estado impidiendo que Bernardo Arévalo tome posesión el 14 de enero de 2024. Difícil que logre esto teniendo en contra a la mayoría de la población, al establishment internacional expresado a través del Departamento de Estado, la OEA, la Unión Europea y países que son cooperantes. Buscará entonces debilitar y cercar al nuevo gobierno.

Pero es posible conjeturar que nada será igual después de lo que hemos observado, porque se ha confirmado lo que se había comenzado a observar desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996: los pueblos originarios se han convertido en un sujeto protagónico de primer orden en el país. Y ese sujeto protagónico parte de la necesidad de preservar la democracia liberal y representativa hoy desvirtuada por un naufragante régimen dictatorial. Pero también tiene un proyecto político estratégico: desmantelar la comunidad ficticia que llamamos Guatemala. Ficticia porque está desgarrada por el clasismo y el racismo. Y ese desmantelamiento puede abrir las puertas al largo proceso que llevará a la plurinacionalidad.

*Este artículo es una síntesis actualizada de diversos textos publicados en periódicos y revistas divulgativas en México, Guatemala y Costa Rica.