Identidad villera. Apuntes para una genealogía (II)

“¿Desde cuándo existe el término “villero”? ¿Fue utilizado siempre de manera despectiva? Los habitantes de este espacio, ¿se autodefinían así?”, nos preguntábamos en el primer artículo de esta serie publicado en Allá Ité. Recorrimos allí el origen histórico de la categoría “villas miseria” y, también, analizamos el surgimiento de las mismas entre 1931 y 1943.

El proceso iniciado el 4 de junio de 1943 y la irrupción del peronismo el 17 de octubre de 1945, transformó las identidades de la clase trabajadora argentina y, junto a ellas, las de los vecinos y vecinas de las villas. En esta segunda entrega analizaremos qué impactos tuvieron en estos espacios urbanos las políticas llevadas a cabo durante los dos primeros gobiernos peronistas y qué ocurrió después de 1955, punto de inflexión tanto en la historia habitacional y política como en el devenir de la conformación identitaria del colectivo, ahora sí, denominado “villero”.

Las villas, ¿un espacio de transición?

El pobrerío, aquel “subsuelo de la Patria sublevado” –al decir de Raúl Scalabrini Ortiz- “invadió” la ciudad “civilizada” (James, 1998; Plotkin, 1993), sentimiento que sería retratado poco tiempo después por Julio Cortázar en su cuento Casa Tomada (1946). El “otro” -“cabecita negra”, “descamisado”, “grasa”-, irrumpía en la escena pública del centro porteño, acrecentando la distancia existente desde la década precedente entre la clase trabajadora y los sectores medios urbanos, que abrazarían mayoritariamente al antiperonismo.

Parte de la sociedad se mantenía ajena a la existencia de aquellos espacios urbanos habitados por las villas y sus habitantes; por esto, frente a la presencia y participación de este grupo social en la escena pública y política, emergió el estupor y la sorpresa que llevó a construir relatos tales como el que sostenía que “a las villas las creó Perón”. La editorial del diario La Prensa había sostenido, por ejemplo, que las villas eran un “problema creado por la tiranía” y que sus causas eran “fundamentalmente políticas” (La Prensa, 18 de agosto de 1970, pp. 8). Lejos de esto, como ya hemos explicado, estos barrios habían nacido al calor de la falta de trabajo durante la década infame (1930-1943) y las migraciones internas de quienes buscando sobrevivir partieron hacia la ciudad Capital.

Fotografía del Archivo General de la Nación. En: AA.VV. (1991). Historia gráfica  de la Argentina contemporánea.  Buenos Aires: Editorial Hyspamerica. Coleccion Nuestro Siglo. Tomo 7. p. 95.

El discurso antiperonista no reconocía la política habitacional llevada a cabo durante esta etapa. Entre 1946 y 1955 se avanzó en la construcción de barrios obreros que comenzaron a dar respuesta a la deficiencia habitacional en todo el territorio nacional pero, en particular, en Buenos Aires donde se concentraba mayormente esta problemática. Los números dan cuenta de la gravedad de la situación: el 45,31 % de la totalidad de personas de la ciudad, no tenían acceso a la vivienda digna (Lecuona, 1992: 12). Frente a esta situación –y con la revolución justicialista puesta en marcha- comenzó una política de planificación urbana estatal por la cual se construyeron más de 500.000 viviendas, ofreciendo una solución habitacional a más de 2.500.000 personas.

Como la construcción masiva de viviendas populares era uno de los objetivos del gobierno nacional se construyó un nuevo marco normativo integrado por diversas leyes nacionales. Las mismas, contemplaban la creación de instituciones específicas y organismos financieros que posibilitan las obras. Sostiene Lecuona al respecto: “… todas las leyes estaban ordenadas a un objetivo común: que el mayor número de habitantes accediera a la tenencia y goce de una vivienda” (Lecuona, 1992: 37).

Esta política habitacional no se efectuó desde una perspectiva focalizada ya que no existieron planes particulares para la erradicación de las villas miseria sino que los programas de vivienda realizados se presentaron como parte de las políticas públicas de ampliación de derechos para el conjunto de la clase obrera. Pastrana lo explica afirmando que “…las mejores condiciones objetivas de los sectores populares durante el gobierno peronista tenían como consecuencia que los habitantes de estos asentamientos consideraran como algo transitorio el hecho de habitar viviendas en malas condiciones en terrenos ilegalmente ocupados puesto que se percibían como parte de la clase trabajadora en continuo ascenso en su nivel del consumo” (Pastrana, 1984: 51). Se vivía en la villa, pero no se era “villero” sino obrero/a y trabajador/a. Existía la convicción de que la circunstancia habitacional cambiaría, tal como estaba ocurriendo en el campo de la salud, el trabajo o la educación.

El arte, que refleja los sentires populares, narra esa situación en la película Detrás de un largo muro de Lucas Demare, filmada en 1956 en Villa Jardín (Lanús, Provincia de Buenos Aires). La historia transcurre a fines de la década de 1940 bajo la presidencia de Perón. La misma refleja las duras condiciones en las cuales llegan los migrantes a la ciudad. Rosa, recién llegada del campo, obnubilada por las luces del centro porteño exclama: “- Es maravilloso”. Una amiga, que la había ido a buscar a la estación de ferrocarril, le responde: “- Pero desgraciadamente, querida, no todo es así en Buenos Aires”. El diálogo continúa y las amigas de Rosa narran su experiencia: “- Nosotros vivimos en uno de ellos… Villa Jardín”, “-Pero es por poco tiempo, están por construir grandes barrios nuevos…” (Guión de Detrás de un largo Muro, 1956).

Afiche de promoción de "Detrás de un largo muro", Dirigida por Lucas Demare.

Ahora sí, la lucha es villera

El 16 de septiembre de 1955, pocos meses después del bombardeo a la Plaza de Mayo, el Gral. Perón fue derrocado y debió exiliarse. Se abría una nueva y sombría etapa en la historia argentina. La proscripción, las persecuciones, asesinatos y fusilamientos fueron acompañados de un conjunto de medidas económicas liberales que empeoraron las condiciones de vida de los trabajadores rurales y las migraciones hacia Buenos Aires aumentaron, causando un “crecimiento medio anual de las villas […] superior al 10 % sólo en la ciudad de Buenos Aires” (Ratier, 1972: 33). No sólo aumentó la población en las villas existentes sino también que surgieron nuevas. A las ya tradicionales de Retiro, Bajo Belgrano y Lugano, se incorporaron Villa Fátima, Villa Piolín, Villa Medio Caño, Villa Tachito y Villa 9 de julio. Sólo la Villa 21 – 24 contaba con 2.500 pobladores según los datos oficiales de la Policía Federal (Cravino, 2009: 19). Entre 1956 y 1958 la Villa 31 creció y al Barrio de inmigrantes y La Fraternidad ya existentes, se sumaron los Barrios Comunicaciones, YPF y Güemes, formados por migrantes del interior del país y, en menor medida, de inmigrantes de países limítrofes quienes llegarían en forma masiva luego de 1960. Parafraseando el título de la obra de Bernardo Verbitsky (1957), las villas cada vez más, eran América.

Frente a este vertiginoso incremento, en 1956, el gobierno nacional decidió censar a su población. Financiada por un plan del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se creó además, la Comisión Nacional de la Vivienda (CNV) que fue puesta en funcionamiento bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. En el relevamiento se informó que existían en la ciudad 21 villas miseria que albergaban a 33.930 personas. Por primera vez el Estado reconoció la “cuestión villera” como un problema al cual había que responder con políticas específicas y focales.

Se inició así una nueva etapa en la relación del Estado con la población de las villas signada por un enfrentamiento que aun hoy continúa presente: la pugna entre los proyectos de erradicación y realojamiento masivo de sus habitantes y, como contrapartida, las propuestas de las organizaciones villeras de radicación y conversión de las villas en barrios obreros.

Luego del relevamiento realizado -y en un contexto de fuerte represión política- el gobierno nacional intentó poner de relieve su preocupación social frente a lo que consideraban un problema que el peronismo no había atendido. El Estado sería el agente reparador de los males del “régimen demagógico” depuesto, tal como lo muestra el informe de CNV donde se señalaba: “El país emerge de una tremenda experiencia. Debe dar convaleciente aún, los primeros pasos por la senda de la salud – salud del cuerpo y del espíritu. El Plan de Emergencia es uno de esos primeros pasos hacia la recuperación de la plenitud nacional” (Comisión Nacional de la Vivienda, Plan de Emergencia. Informe elevado al P.E.N, abril de 1956, Ministerio de Trabajo y Previsión, Departamento de Publicaciones).

Localización geográfica de las Villas miseria de la ciudad de Buenos Aires.  Instituto Histórico de la ciudad de Buenos Aires. (2006).  Voces al Sur. Contrucción de Identidades barriales. Cuaderno 6 de Buenos Aires: Ministerio de Cultura. p. 14

Para llevar adelante estos proyectos, la CNV le otorgó un rol destacado a los centros comunales, a los cuales tomaba como interlocutores: “…constituyen la esencia del barrio. En él y por él con la colaboración del asistente social, se deberán crear las juntas vecinales, que reemplazarán con el tiempo la administración oficial en el manejo y organización de tareas comunales y presentarán al respectivo municipio sus pedidos y sugerencias” (Comisión Nacional de la Vivienda, Plan de Emergencia. Informe elevado al P.E.N, abril de 1956, Ministerio de Trabajo y Previsión, Departamento de Publicaciones, citado en Yujnovsky, 1984: 99).

Pero esta “integración” de la población villera se proponía en el marco de una necesaria “reeducación” ya que el “bajo nivel cultural” de los villeros era considerado uno de las problemas centrales. Se sostenía que la presencia del alcoholismo, la violencia o los juegos de azar eran expresión de la ignorancia cultural de estos grupos. Expresando una continuidad con aquellas caracterizaciones surgidas en los informes públicos en los años ´30, categorías tales como “enfermedad social”, “intrusos”, “población desterrada”, “ilotas”, “trogloditas”, “gente sin hábitos de trabajo”, “focos permanentes de epidemias y de degradación moral”, volvieron a aparecer en la documentación oficial. Con tal diagnóstico solo quedaban dos caminos: reeducar y erradicar.

El plan de reeducación se expresó, por ejemplo, en el diseño arquitectónico de las nuevas locaciones habitacionales donde se contemplaba la organización de espacios para que vivieran sólo familias nucleares y no extensas y donde, además, el mobiliario se amuraba y ubicaba de manera tal, que su distribución no pudiese ser modificada.

La intervención en la distribución del mobiliario expresa el carácter disciplinador de esta política, ¿por qué el Estado debía definir dónde comer, dónde dormir, con quién vivir? La vieja dicotomía “civilización o barbarie” –la misma que permite explicar la construcción del villero en tanto “cabecita negra” durante las décadas precedentes- se encarnaba ahora en la política pública. Las diferentes formas de habitar el espacio –ni más ni menos un modo de estar- son canceladas en la medida que puedan representar una manifestación del atraso o la barbarie. A partir de 1955 esta premisa emerge tanto en las políticas asistenciales más loables como en las meramente represivas.

Durante el siglo XIX “civilizar” significó “europerizar”, “desnacionalizar” en términos de Arturo Jauretche (1968); en el siglo XX, se buscó “civilizar” mediante la imposición de las pautas culturales y los valores establecidos por aquel sector social que había adoptado el modelo de “familia tipo moderna occidental” desconociendo tradiciones, costumbres, otros modos de ser y de vivir propios del carácter comunitario de los pueblos de la Argentina profunda, donde lo ancestral se encontraba presente.

Fotografía tomada en 1960 en una villa de Buenos Aires. Pascual, C. (2014). Los territorios discursivos de la exclusión. Imágenes sobre asentamientos irregulares en la Argentina del siglo XX. Chile: Revista Bifurcaciones.

Esta distancia excede la dimensión política, es ontológica y se constituirá en una de las principales dificultades a la hora de concretar los numerosos y fallidos planes de erradicación e –incluso- de radicación de las villas miseria. Una falta de entendimiento entre el Estado y la población villera que, sin dudas, tiene raíces históricas.

En este contexto, se propusieron dos planes: el Plan de Emergencia (1956) y el Plan Integral (1957). El primero estuvo bajo la coordinación de la CNV que, desde una óptica de asistencia social, preveía la formación de centros comunales donde construir nuevas unidades vecinales. El plan se planteó en dos etapas. La primera consistía en la construcción de cinco unidades financiadas por organismos oficiales y, en un segundo momento, se construirían doce más mediante la licitación a empresas privadas. El Banco Hipotecario Nacional (BHN) fue el responsable de iniciar esta tarea.

Pero el programa presentaba algunos problemas, el más importante radicaba en que, según los cálculos de los ingresos de la población villera, la cuota mensual resultaba inalcanzable. Además, las mismas villas que recibían al personal de la Comisión Nacional de Vivienda –que contaba con muchos/as trabajadores/as con compromiso social- era espacios violentados por la política represiva de la autodenominada Revolución Libertadora que ejecutaban razias policiales e incendios provocados en pos de facilitar los desalojos.

Además de esta contradicción intraestatal, entre las causas del fracaso de estos Planes podemos identificar el carácter vertical de las medidas tomadas: fueron pensadas y aplicadas desde el Estado sin la participación de la población villera.

Pero, más allá de los resultados materiales, la experiencia propuesta por la CNV generó profundas consecuencias en la organización política en las villas miseria de la ciudad de Buenos Aires. La creación de un organismo específico para trabajar la cuestión de la vivienda, incentivó que las organizaciones comunitarias preexistentes tomaran conciencia de la importancia de conformar un espacio articulado que pudiese oficiar de interlocutor ante el Estado. Se conformó así la primera Federación de Barrios y Villas de Emergencia (FBVE). Creada en 1958, articuló las comisiones vecinales de varias villas porteñas junto a militantes del Partido Comunista. Tal como explica la especialista en la temática Alicia Ziccardi, “…las juntas vecinales comenzaron entonces a participar en una estructura organizativa superior, con lo que debieron ampliar sus cuadros dirigentes para nutrirla. Por otra parte, una vez logrado su reconocimiento institucional comenzaron a obtener recursos materiales suministrados por los organismos oficiales y debieron organizar trabajos colectivos” (Ziccardi, 1977: 91).

Fue así como la lucha de la resistencia peronista se definió en estos espacios urbanos como resistencia obrera pero también villera. Este colectivo de trabajadores comenzó a percibir que no se trataba simplemente de un espacio de transición. La perspectiva del ascenso social y el acceso a la vivienda digna se alejaba a pasos agigantados. Ante la arremetida del gobierno antiperonista había que resistir. Resistir para no perder el terreno, para que de la noche a la mañana las topadoras no destruyeran lo construido. Y en esa resistencia se fue conformando una identidad particular que se iría consolidando al calor de las luchas frente a los sucesivos planes de erradicación propuestos en los años ´60 y ´70, años donde nacería el Frente Villero de Liberación, devenido luego en el Movimiento Villero Peronista.